PLENO DE DIPUTADOS EXIGE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS

Samantha Miranda

Prensa Diputados – 12/02/2020.-El pleno de la Cámara de Diputados exige al gobierno actual encabezado por Jeanine Añez, al Órgano Judicial, el Ministerio Público y  la Policía Boliviana respetar los derechos y garantías constitucionales, la libertad y la libre expresión y los derechos humanos de todos los bolivianos.

Luego de un extenso debate, Diputados aprobó ayer, con el voto de más de dos tercios de los asistentes, la Declaración Camaral  N° 008 /2019 -2020 que rechaza todas las acciones del gobierno y del Ministerio Público que no están respetando el ordenamiento jurídico nacional y tampoco las normas e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

La Declaración señala que luego de tomar el control del aparato gubernamental, el actual régimen ejecutó acciones de “hostigamiento, persecución e intimidación que sufren principalmente dirigentes de las organizaciones sociales y ex autoridades, de manera indiscriminada, que bajo falsas acusaciones de terrorismo y sedición, se los incrimina”.

La diputada Sonia Brito, durante la sesión, afirmó que no existe un estado de Derecho en nuestro país. "¿Se llama un estado de Derecho a 35 muertos, 1400 detenidos y más de 1000 heridos?, nos parece una impostura, no somos los militantes del MAS quienes lo dicen, son los organismos internacionales de derechos humanos quienes lo dicen". El actual Gobierno dio muerte civil al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien lo buscan para matarlo y así también a Gustavo Torrico  no se le respetó su inmunidad de asambleísta departamental”.

En otra parte de sus consideraciones, la el documento aprobado por el pleno denuncia que “las reprochables acciones ilegales desde el gobierno conculcan los derechos constitucionales de las y los bolivianos y que son documentados a diario por los medios de comunicación, propios y extranjeros. Los grandes esfuerzos por vivir en paz, se ponen en riesgo por el hostigamiento, la persecución y las detenciones de dirigentes de las organizaciones sociales y ex autoridades”.

La parte resolutiva de la Declaración Camaral establece:

“PRIMERO. Rechazar todas las acciones del gobierno y el Ministerio Público que no respetan nuestro ordenamiento jurídico nacional y tampoco respetan lo previsto en normas e instrumentos internacionales que garantizan nuestros derechos humanos y, con primacía, el sagrado derecho a la libertad.

SEGUNDO. Exigimos que el gobierno garantice el Estado de Derecho como corresponde y que las autoridades del Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana respeten los derechos y garantías constitucionales. Ante todo, se garantice el derecho a la libertad y la libre expresión establecidas en la Constitución Política del Estado y en los Instrumentos y Tratados Internacionales sobre derechos humanos.

TERCERO. Finalmente exhortamos a que el Ministerio Público cumpla su papel de hacer respetar estrictamente los derechos y garantías constitucionales si se quiere vivir en paz y en un verdadero Estado de Derecho”.