Prensa Diputados, 01 de Feb de 2022.- “Los administradores de justicia tienen que rendir cuentas de sus actos. Es su responsabilidad que los feminicidas permanezcan tras las rejas, no podemos exponer a la población”, reprochó la diputada Magaly Gómez (MAS-IPSP), luego de conocer que el Gobierno de Luis Arce conformará una comisión para revisar los casos de feminicidios y violaciones donde los responsables hayan sido liberados.
Los Ministerio de la Presidencia, Justicia y Gobierno serán los que conformarán dicha comisión, que deberá presentar los primeros resultados en un plazo de 120 días, según remarcó el primer mandatario a través de su cuenta en Twitter.
La determinación de Arce surge en medio de cuestionamientos a los operadores de justicia, en el marco del caso del feminicida y violador en serie, Richard Choque, liberado el 2019 por la justicia a pesar de contar con una sentencia de 30 años por asesinato.
Las investigaciones sobre este hecho revelan día tras día nuevas pruebas y nuevos implicados. Esta mañana la Fiscalía imputó de manera formal a la madre y hermana del acusado. De la misma forma, allanó el inmueble del médico que otorgó un certificado a Choque para que pueda obtener su libertad hace tres años.
En este contexto, Gómez condenó el proceder de algunos administradores de justicia y galenos, quienes, con sus acciones, promueven la impunidad en casos de feminicidio y aumentan la peregrinación en busca de justicia por parte de familiares de las víctimas.
La parlamentaria representante de Cochabamba, aseguró que, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pedirán que los jueces que hayan incurrido en hechos irregulares, sean sancionados de la forma que corresponda.
“Autoridades (judiciales) que sueltan a delincuentes, feminicidas, que tienen sentencia, pero están con detención domiciliaria, ciudadanos que prestan su domicilio y médicos que inventan enfermedades para beneficiar (a los responsables) con una salida alternativa a la detención preventiva, condenamos enfáticamente todas estas acciones que ponen en una situación complicada a las familias de las víctimas”, manifestó.
