Prensa Diputados – 05/10/2020.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, informó que iniciará un proceso penal contra vocales que aprobaron un amparo constitucional que declara impunidad al supuesto asesino de Omaira Vidaurrre, ocurrido en la ciudad de Tarija el año 2012.
El 12 de diciembre se cumplen 8 años del feminicidio de Omaira Vidaurre, el proceso aún no se resuelve y el padre de la víctima, Guido Vidaurre, sufre con la amenaza de que el imputado Marcelo Valencia Ugarte salga en libertad, situación que preocupa a la familia de Omaira.
El sistema judicial esta semana falló a favor de Marcelo Valencia Ugarte, dando lugar al amparo constitucional que presentó para dejar sin lugar la sentencia de 30 años de cárcel que se había dictado anteriormente en su contra por el presunto feminicidio de su concubina, Omaira Vidaurre Sotar, ocurrido en 2012. “Hace una semana atrás, el abogado del presunto agresor interpone un Amparo Constitucional en la sala del Tribunal Departamental de Justicia, donde deciden con una resolución totalmente infundada, dejar sin efecto esta sentencia”, aclaró el diputado Borda.
El presunto asesino de Omaira estaría por salir en libertad en el transcurso de estos días, “la justicia está hablando de una doble moral, está diciendo no al feminicidio y está dando libertad a estos feminicidas“, manifestó el legislador.
En lo que va de la gestión 2020, se han registrado 83 feminicidios, de acuerdo con los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) estos casos se suscitan a consecuencia de la violencia familiar, tanto física como psicológica que no llega a ser denunciada a tiempo por lo que el caso termina en feminicidio.
El departamento de La Paz de enero a agosto de esta gestión se registraron 30 casos de feminicidios, en Santa Cruz se registraron 13, en Cochabamba 9, en Oruro 9, en Beni 6, en Potosí 4, en Chuquisaca 3, en Pando 2 y Tarija 2.
La ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. El Código Penal Boliviano, establece que el delito de feminicidio tiene una pena privativa de 30 años.
