Prensa Diputados – 17/01/2020.- La Cámara de Diputados en su sesión ordinaria 240, del viernes 17 de enero de 2020, aprobó la Declaración Camaral del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP).
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque explicó que el MAS no tiene ninguna intención de convulsionar el país. “Hoy la bancada del MAS ante la militarización en nuestro territorio ha hecho una solicitud al gobierno transitorio de Jeanine Añez, para que repliegue al ejército. Si decidimos pacificar el país hagámoslo de corazón, no confrontando ni provocando”.
La declaración enuncia Primero: Expresar nuestra enérgica protesta por la conducta del Órgano Ejecutivo: de amedrentar y causar miedo en la población, sin justificativo alguno, producto de sus determinaciones de lanzar a las calles a militares so pretexto de brindar seguridad ciudadana
Segundo: Se pide públicamente al Órgano Ejecutivo disponer el retiro inmediato de los militares de los centros urbanos y del campo, y respetar los derechos constitucionales a la libre circulación, a la libre expresión y ante todo al derecho de vivir en paz de las y los ciudadanos de todo el territorio nacional.
“Se ha dispuesto que se ponga en conocimiento del pueblo boliviano que ante los últimos acontecimientos de una militarización del país, estando en un Estado de Derecho, los parlamentarios del MAS no estamos de acuerdo con ningún tipo de militarización”, dijo la jefa de Bancada Nacional, Betty Yañiquez.
La jefa de Bancada dijo que se pide al Gobierno Nacional hacer cumplir la Constitución Política del Estado. “El artículo 10 señala que somos un país pacifista y en esa línea tenemos que conducirnos, más aún si hablamos de armonía, pacificación entre todos los bolivianos”.
El Movimiento Protesta por la conducta del Órgano Ejecutivo, de amendretar y causar miedo en la población, sin justificativo alguno, producto de sus determinaciones de lanzar a las calles a militares so pretexto de brindar seguridad ciudadana.
Se pide al Órgano Ejecutivo disponer el retiro inmediato de los militares de los centros urbanos y del campo, y respetar los derechos constitucionales a la libre circulación, a la libre expresión y ante todo al derecho de vivir en paz de las y los ciudadanos de todo el territorio nacional.