En la 132 ava. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, presidida por el presidente en ejercicio Hernán Durán, se aprobaron dos proyectos de ley por mayoría absoluta, que implican la transferencia gratuita de terrenos de propiedad de los Gobiernos Autónomos Municipales de Achacachi en La Paz y Punata en Cochabamba a la Fiscalía General del Estado y al Órgano Judicial, respectivamente.
La Cámara de Diputados, en Sesión Ordinaria, aprobó estos proyectos de ley que contemplan la transferencia de terrenos a entidades estatales con el fin de impulsar el desarrollo y mejorar los servicios públicos en dos municipios de Bolivia.
El primer proyecto aprobado, el Proyecto de Ley N° 051/2022-2023, autoriza la transferencia gratuita de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi a favor de la Fiscalía General del Estado. Esta iniciativa busca facilitar la construcción de la sede fiscal en Achacachi, fortaleciendo así la infraestructura y los servicios de justicia en la región.
En el marco de esta aprobación, el Alcalde Municipal de Achacachi, Constancio Gutiérrez Catacora, y Lucio Choque Apaza, Presidente del Consejo Municipal de Achacachi, solicitaron a la Diputada Nacional, en calidad de representante, que viabilice el cumplimiento de la Ley Municipal N° 64/2021, modificada mediante la Ley N° 075/2022, de manera acorde a la normativa nacional aplicable.
El segundo Proyecto de Ley N° 147/2022-2023, establece la transferencia gratuita de un terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata al Órgano Judicial. Con una superficie útil de 1.272,39 m², este terreno será destinado a la construcción y funcionamiento de la Casa de Justicia de Punata, en beneficio de la provincia y sus habitantes.
Estas aprobaciones reflejan el compromiso de la Cámara de Diputados en fortalecer la infraestructura pública y mejorar los servicios de justicia en diversas regiones del país. La transferencia de terrenos a entidades estatales permitirá el desarrollo de proyectos clave y contribuirá al bienestar y acceso a la justicia de los ciudadanos.
