Cochabamba.- En el marco de sus atribuciones de fiscalización, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Betty Yañiquez (MAS-IPSP), inspeccionó el Comando de la Séptima División del Ejército de Cochabamba para verificar las condiciones de infraestructura, el bienestar de los soldados y el cumplimiento de normas referidas a derechos humanos.
En la actividad también participaron los diputados Juan José Torrez Flores y Gabriela Verónica Ferrel Parrado, ambos de Comunidad Ciudadana (CC), con quienes se evidenciaron deficiencias en la infraestructura, el equipamiento básico y las condiciones de vida de los soldados.
Ante esa situación, la comisión constató la urgente necesidad de mejorar las instalaciones, además de dotar uniformes, camas, frazadas y colchones a los conscriptos.
Además, se verificó que el presupuesto destinado a la alimentación es de Bs 6,60 por soldado, que fue calificado como insuficiente para garantizar una dieta adecuada. Asimismo, se evidenció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no conectó gas domiciliario, lo cual eleva los costos operativos del recinto militar.
En materia de derechos humanos, se destacó la habilitación de tres buzones de denuncia, además de la puesta en marcha de una política de “cero tolerancia” al acoso y al bullying. El Comando también atiende a soldados con problemas de alcoholismo o drogadicción, y apoya a las oficiales en gestación, por lo que se otorgan permisos y espacios para el cuidado de sus hijos, aunque no se cuenta con una sala de lactancia.
Respecto al caso del militar fallecido en la Escuela de Sargentos, las autoridades militares informaron que dos implicados en el caso se encuentran con detención preventiva y uno está prófugo. En ese marco, se ratificó el compromiso institucional de apoyar a la familia de la víctima y dar seguimiento al proceso judicial.
Al finalizar la inspección, la diputada Yañiquez anunció la elaboración de un informe detallado que será remitido a las autoridades correspondientes para hacer las gestiones necesarias que garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los soldados.
