Es abogada con trayectoria consolidada en el ámbito público y privado, especializada en Derecho Constitucional, Notarial y Corporativo. Diputada Uninominal por la Circunscripción 51, ejerciendo funciones de legislación, fiscalización y control político en el marco de la Constitución Política del Estado.

Cuenta con experiencia en gestión pública, asesoramiento jurídico institucional y participación en procesos de construcción normativa, con enfoque en institucionalidad democrática, desarrollo económico y representación ciudadana.

Su actualización académica abarca derecho civil, comercial y tributario, gestión pública, desarrollo descentralizado con equidad de género, servicios legales integrales municipales y protección de la niñez. Posee una maestría en Derecho Notarial, una Especialidad en Derecho Notarial y Registral, además de un Diplomado en Derecho Notarial.

Su experiencia profesional inició en organizaciones de la sociedad civil, donde trabajó en la defensa de derechos de la niñez y adolescencia, para luego incorporarse a la gestión pública como Asesora Legal de la Prefectura de Santa Cruz. Posteriormente fue electa Constituyente Territorial, participando en la construcción del nuevo marco constitucional del país, experiencia que marcó su compromiso con la institucionalidad democrática.

En el ejercicio privado, se desempeñó en el ámbito notarial con elaboración y validación de instrumentos públicos, y asumió la dirección estratégica de una firma jurídica especializada en derecho corporativo, asesorando a empresas en cumplimiento normativo, inversiones y estructura societaria. Paralelamente, brindó asesoramiento legal a la Asociación de Mujeres Emprendedoras Unidas por Santa Cruz, fortaleciendo al sector productivo liderado por mujeres.

Su experiencia como constituyente, notaria, asesora de mujeres emprendedoras y defensora de la niñez se proyecta en la elaboración de leyes vinculadas a reforma judicial, seguridad jurídica, formalización de emprendimientos, derecho notarial, protección de la niñez y fortalecimiento institucional. Su perfil técnico y político constituye base para la fiscalización de políticas públicas y la defensa del Estado de derecho con enfoque de género y desarrollo económico para la sociedad boliviana.