Es abogado graduado con excelencia y Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación en derecho constitucional, administrativo y penal. En 2004 ejerció como viceministro de Justicia, cargo desde el cual impulsó políticas dirigidas al fortalecimiento del sistema jurídico y la protección de las garantías constitucionales.

Fue cofundador de la alianza Comunidad Ciudadana junto a Carlos Mesa y otros actores políticos. Resultó electo diputado nacional plurinominal para la legislatura 2020–2025 y posteriormente fue reelecto para el periodo 2025–2030 en representación de la Alianza Unidad.

Durante la legislatura 2020–2025 presentó 12 peticiones de informe escrito dirigidas a autoridades del Órgano Ejecutivo sobre temas de presupuesto público, reservas internacionales del Banco Central de Bolivia y mecanismos de adquisición de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Integró la Comisión Especial de Investigación del caso YPFB/Botrading, instancia que elaboró un informe conclusivo sobre el suministro de combustibles.

En el ámbito legislativo presentó 22 proyectos de ley orientados al fortalecimiento institucional, la consolidación del sistema democrático y la ampliación de derechos ciudadanos. Entre estas iniciativas destacan el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y el Proyecto de Ley de Defensa de la Democracia y de Resistencia contra la Tiranía y la Opresión, así como propuestas sobre autonomías municipales, limitación de interinatos en la administración pública, iniciativa legislativa ciudadana y protección de aportes y pensiones jubilatorias. También promovió la abrogación de la Ley N.º 1386 y la Ley N.º 1407. En materia judicial y electoral, planteó una ley para viabilizar las elecciones judiciales de 2023 y la implementación de elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas.

Su trayectoria combina formación académica, experiencia en la función pública y labor legislativa, con énfasis en la independencia de los órganos del Estado, el respeto a la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.