La Paz.- La Asamblea Legislativa Plurinacional abrió sus puertas para llevar adelante un conversatorio en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reunió a diputadas, representantes de organizaciones de mujeres y actores de la sociedad civil para analizar la violencia de género, las debilidades del sistema de justicia y los desafíos sobre esta temática.
El encuentro se centró especialmente en el rol legislativo, con el objetivo de visibilizar la urgencia de fortalecer el marco normativo, fiscalizar a las instituciones de justicia y enfrentar de manera integral los altos índices de violencia que afectan al país.
En el evento, donde participaron las diputadas Sonia Siñani y Lidia Rojas (PDC), se destacó la urgencia de fortalecer la legislación y la institucionalidad para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, contó con la participación de representantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESICVI) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Como bien sabemos, la violencia hacia las mujeres ha llegado, en algunos casos, hasta el feminicidio. Desde la Cámara de Diputados y la Cámara Alta tenemos que trabajar en el área legal, porque hay casos que quedan impunes y no avanzan. Estamos muy de acuerdo en poder trabajar por las mujeres y luchar por ellas”, afirmó la diputada Siñani.
Durante el conversatorio, las asistentes alertaron sobre la necesidad de enfrentar formas emergentes de violencia, como la violencia digital, que se expande con rapidez y desafía la capacidad de respuesta del Estado. Asimismo, se subrayó que, pese a que Bolivia posee uno de los marcos normativos más avanzados de la región, la aplicación de estas leyes continúa siendo insuficiente y desigual.
Por su parte, la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Luz Patricia Mejía, afirmó que Bolivia enfrenta altos niveles de impunidad, falta de presupuesto y deficiencias en la aplicación de leyes para proteger a las mujeres. Esta situación se refleja en más de 70 feminicidios registrados este año y miles de agresores en libertad.
Mejía subrayó la urgencia de que el Legislativo impulse reformas, asegure recursos adecuados, fortalezca la formación de operadores de justicia y supervise de manera efectiva a la Fiscalía y al Órgano Judicial, para garantizar que las políticas públicas se apliquen correctamente y evitar la revictimización.
