La Paz.- Los representantes de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales aprobaron una Declaración Parlamentaria, que exhorta al Órgano Ejecutivo a activar medidas urgentes de protección integral para la Nación Indígena Pacahuara ante el riesgo de su extinción física y cultural.
La iniciativa fue promovida por la parlamentaria supraestatal Nathaly Solares Tuesta, quien alertó sobre la crítica situación descrita en el informe 2025 de la Defensoría del Pueblo, que establece que la Nación Indígena Pacahuara cuenta con una población extremadamente reducida en los departamentos de Pando y Beni, con posibles segmentos en aislamiento voluntario.
La declaración expresa la profunda preocupación institucional por las amenazas estructurales que afectan a los pacahuaras, entre ellas la pérdida progresiva de su identidad sociocultural e idioma propio, la presión sobre su territorio por actividades extractivas y la expansión agropecuaria y limitaciones en el acceso a salud, educación y servicios básicos.
En ese marco, el documento exhorta al Órgano Ejecutivo, para que a través del Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios, se active de manera inmediata los mecanismos de identificación, resguardo y fortalecimiento establecidos en la Ley N° 450, de protección a naciones y pueblos indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad, y su Decreto Reglamentario N° 4793, en cumplimiento de los artículos 2, 30 y 31 de la Constitución Política del Estado.
Asimismo, recomienda garantizar la supervivencia física, cultural y territorial del pueblo pacahuara, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El proyecto de declaración fue aprobado por unanimidad en la cuarta sesión ordinaria de la representación supraestatal y remitido a la Comisión Permanente, para su respectivo tratamiento y aprobación, conforme al procedimiento legislativo vigente, a fin de formalizar su pronunciamiento institucional y activar las gestiones correspondientes ante las instancias competentes del Estado.
