En la 109ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una resolución que exhorta con firmeza y urgencia a que los sectores movilizados levanten los bloqueos de carreteras instalados en distintas regiones del país o que garanticen una pausa humanitaria para el traslado de turistas y personas enfermas, en situación de emergencia y vulnerabilidad y la circulación de ambulancias, medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos.
“Queda aprobada la presente declaración camaral”, manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.
La propuesta de resolución de cinco artículos fue presentada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Marcelo Solís Valencia, con el sustento de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados.
El documento solicita también que el Gobierno nacional adopte de manera inmediata mecanismos de coordinación interinstitucional destinados a asegurar medidas de contingencia eficaces para preservar la vida, proteger la salud y garantizar el abastecimiento oportuno de producto esenciales a la población.
“Asimismo, se insta al Gobierno nacional a insistir de manera firme y sostenida en la apertura de espacios de diálogo con los sectores movilizados, como vía legítima y democrática para resolver los conflictos y restablecer la paz social”, agrega el texto.
Por otro lado, la resolución recomienda a las autoridades llamadas por ley al mantenimiento del orden público y la protección de los derechos fundamentales y que actúen con firmeza en el marco de la Constitución Política del Estado, priorizando en todo momento la defensa de la vida, la salud y la integridad de la población.
“Se les insta a ejecutar sus funciones con responsabilidad y transparencia, evitando excesos y garantizando que toda acción esté orientada a preservar la paz social y la vigencia plena de los derechos constitucionales”, añade el documento.
La resolución expresa, además, que la Cámara de Diputados rechaza de manera categórica las actitudes de ruptura del orden constitucional que pretenden exigir la renuncia del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, porque se constituyen en acciones contrarias a la democracia que vulneran los derechos fundamentales y la voluntad soberana expresada en las urnas.
En ese contexto, pide que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, actúe con firmeza en el marco de sus atribuciones constitucionales y normativas, iniciando incluso de oficio las acciones penales correspondientes contra los autores mediatos e inmediatos, encubridores, instigadores y cómplices.
“En consecuencia, resulta imperativo investigar de manera inmediata las fuentes de financiamiento vinculadas a estos hechos, organizados con fines de bloqueo y desestabilización, a fin de sancionar ejemplarmente a quienes atenten contra el orden democrático y la seguridad del Estado”, finaliza la resolución.
