Santa Cruz.- La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley Nº 704/2025-2026, una norma excepcional que declara de prioridad y necesidad nacional la reconstrucción resiliente y protección frente a desastres de los corredores viales estratégicos del departamento de Santa Cruz, así como su clasificación e incorporación a la Red Vial Fundamental (RVF).
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, manifestó la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.
La incorporación a la RVF comprenderá siete corredores viales, con su plataforma vial, puentes, accesos, obras de drenaje transversal y longitudinal, estructuras de protección de riberas y taludes, además del respectivo derecho de vía, con el propósito de fortalecer la conectividad, garantizar la transitabilidad y mejorar la integración territorial de las zonas afectadas por desastres naturales.
El primer tramo comprende la carretera Internacional 4, Warnes, el puente sobre el río Piraí, Colpa Bélgica y la comunidad El Cedro. El segundo contempla el recorrido entre El Torno, La Forestal, Nueva Surutu y Jardín de las Delicias.
El tercer tramo comprende las regiones de San Luis, Villa Florida, Pampa El Coscal, Cañada 2, Porvenir 85 y Zanja Honda. El cuarto corresponde a las zonas Jorochito, La Elvira y Huaracal. El quinto transcurre por Mairana, Bella Victoria, Quirusillas, Postrervalle, Mosquera, río Moroco y Cabezas.
El sexto tramo incluye la carretera Internacional 4, Portachuelo, la comunidad La Chata, la urbanización La Nueva Gran Ciudad del Urubó, Urubó Norte y las regiones de El Cedro, Camalotal, Chaco Guembé y Lomas del Urubó, además del Parque Acuático Capiguara, Porongo y el kilómetro 15 de la Doble Vía La Guardia.
El séptimo tramo comprende la comunidad San José, la carretera antigua a Cochabamba, Colonia San Juan, Naranjillo, Nueva Esperanza, Brecha 10, Basilio y el tramo denominado Camino.
El proyecto de ley también asigna responsabilidades al nivel central del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administradora Boliviana de Carreteras, y establece mecanismos técnicos, legales y financieros destinados a garantizar la transitabilidad permanente y la integración territorial entre las regiones que abarcan los corredores viales.
