Los presidentes de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, y Cámara de Senadores, Diego Ávila Navajas, exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar, ante el Gobierno de Estados Unidos, toda la información oficial disponible sobre las denuncias presentadas contra autoridades bolivianas.
“Las informaciones difundidas desde Estados Unidos sobre presuntos hechos de corrupción que involucran al Fiscal General del Estado y otras autoridades exigen una respuesta seria. La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. (…) Acabamos de presentar, ambos presidentes, (una nota) al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia (Héctor Huanca), para que, por los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el Secretario de Estados de Estados Unidos toda la información oficial disponible sobre estos señalamientos”, declaró Ávila.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la información obtenida por la Cancillería debe ser puesta en conocimiento de las instancias competentes y determinar con transparencia las acciones legales y parlamentarias que procedan.
“Cuando los señalamientos alcanzan a la máxima autoridad del Ministerio Público, la ciudadanía tiene derecho a que se esclarezcan los hechos y a conocer los resultados. La corrupción perjudica directamente a las familias bolivianas, desvía recursos que deberían servir para mejorar los servicios públicos y debilita la confianza en las instituciones y si, además, llega a afectar el sistema de justicia, pone en duda la posibilidad de que cualquier ciudadano reciba un trato justo”, declaró.
Asimismo, las autoridades dieron a conocer que se solicitó al vicepresidente, Edmand Lara, convocar, con carácter de urgencia, a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el fin de considerar los mecanismos institucionales de investigación que correspondan conforme a la Constitución Política del Estado y la ley.
“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal. Nuestro rechazo a la corrupción es categórico. No debe existir protección por jerarquía, influencia o cercanía política”, señaló Castro.
