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Comisión aprobó informe sobre la modernización y la transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo

Durante su 42.ª sesión ordinaria, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó el informe de viabilidad y la versión subsanada del Proyecto de Ley N.º 294/2025-2026, referido a la modernización y transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo. La propuesta legislativa fue presentada por la diputada Claudia Bilbao Espinoza.

El objetivo principal de la iniciativa es establecer un nuevo marco institucional para la administración del Sistema de Derechos Reales que, mediante su transferencia al Órgano Ejecutivo, permita garantizar la eficiencia, la transparencia, la modernización tecnológica y la seguridad jurídica del registro de la propiedad en el país.

En cuanto a su fundamentación constitucional, el artículo 298, parágrafo II, numeral 18, de la Constitución Política del Estado establece que el “Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal” es competencia exclusiva del nivel central del Estado. Esta disposición determina el nivel de gobierno al que corresponde dicha competencia, sin establecer una adscripción orgánica específica al Órgano Judicial.

Asimismo, la propuesta normativa sostiene que la transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo permitirá someter la gestión registral al control social, a la fiscalización legislativa y a las auditorías de la Contraloría General del Estado. Según la fundamentación del proyecto, estas medidas buscan fortalecer la transparencia y combatir las prácticas discrecionales que, de acuerdo con sus argumentos, suelen quedar impunes dentro del sistema judicial bajo el argumento de la “independencia de poderes”.

De acuerdo con la fundamentación del proyecto de ley, la transferencia del Registro de Derechos Reales no debe comprometer la sostenibilidad financiera del Órgano Judicial. Por ello, se prevé destinar el 50% de los ingresos provenientes de las tasas registrales al sistema judicial, con el propósito de garantizar la continuidad de sus funciones sin afectar su presupuesto.

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