La Paz.- La Cámara de Diputados aprobó, en su 12ª Sesión Ordinaria, el Proyecto de Ley Transitoria de la Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, que regula de forma excepcional y temporal las etapas, requisitos, procedimientos y plazos para la designación de las nuevas autoridades electorales.
La propuesta legislativa —que fue remitida al Senado para su tratamiento, debido a que se hicieron modificaciones— consta de 41 artículos y 5 disposiciones finales, que buscan garantizar un proceso transparente en el marco de la Constitución Política del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro (PDC), destacó que la aprobación se realizó en el marco de la conciliación en beneficio del país.
Antes de la aprobación en el pleno de Diputados, la Comisión de Constitución reinstaló su 2ª Sesión Ordinaria, presidida por el diputado Juan Fernando del Granado (Unidad), en la que aprobó en grande y en detalle esta propuesta.
Por su parte, la primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera (Unidad), ponderó que, además de la ley, se aprobó una resolución que reglamenta la elección de los nuevos vocales electorales.
“Algo muy importante que también se aprobó es el hecho de que, en dos años, se va a tener un padrón electoral saneado, un padrón nuevo, que es lo que la población ha solicitado”, afirmó la legisladora.
Durante el análisis, se introdujeron ajustes sustanciales, como la eliminación de diferencias entre la veeduría nacional y la internacional, otorgando un tratamiento igualitario a ambas y fortaleciendo los mecanismos de control social.
Otra modificación destacada fue la reducción del plazo de la fase de selección, de 45 a 15 días, con el objetivo de otorgar mayor celeridad y certidumbre al proceso. También se amplió el sistema de evaluación al incorporar la probidad como criterio fundamental, junto con la formación académica y la experiencia profesional. Por razones de tiempo, el examen oral fue sustituido por una prueba escrita, manteniendo la objetividad y estandarización de la evaluación.
Asimismo, la norma establece que todo el proceso estará regido por principios de igualdad de oportunidades, paridad de género, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, objetividad y legalidad. Asimismo, incorpora la independencia institucional, la transparencia y la plurinacionalidad, asegurando la participación de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y población afroboliviana en condiciones de igualdad.
