La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presidida por la diputada Sonia Siñani Callisaya (PDC), aprobó, en su cuarta sesión ordinaria, una minuta de comunicación que solicita la adopción de medidas judiciales de coordinación y la suspensión temporal de remates y embargos en favor de los prestatarios que tramiten un refinanciamiento y/o una reprogramación conforme al Decreto Supremo Nº 5630.
La propuesta fue presentada por la diputada Grace Santelices Castro (PDC) con el objetivo de evitar daños irreparables a los deudores, especialmente a aquellos que se encuentran en riesgo de perder sus viviendas familiares, herramientas de trabajo o patrimonio esencial para su subsistencia.
En ese sentido, la minuta de comunicación plantea que el Órgano Judicial adopte mecanismos de coordinación, orientación administrativa y registro de casos, a fin de evitar que las medidas de ejecución impidan el cumplimiento de la finalidad pública establecida en el Decreto Supremo Nº 5630.
El documento contempla seis solicitudes y recomendaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura. Entre ellas se encuentran la adopción de medidas para la suspensión temporal de actos de ejecución contra deudores que tramiten procesos de refinanciamiento o reprogramación; el registro de dichos procesos; la coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; así como la emisión de informes y directrices que eviten perjuicios a los prestatarios durante la vigencia de estos beneficios.
