Oruro.- En cumplimiento de su labor de fiscalización, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, diputada Betty Yañíquez (MAS-IPSP), realizó una inspección al Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, donde constató un alarmante hacinamiento y condiciones de vida inhumanas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
El penal, cuya infraestructura fue diseñada para albergar a 400 internos, actualmente mantiene una población de 1.872 reclusos, lo que representa una sobrepoblación superior al 460%. Esta cifra evidencia una grave crisis carcelaria que se traduce en condiciones de vida inhumanas.
Durante el recorrido por la sección conocida como “Escuelas”, la diputada Yañíquez verificó la extrema precariedad en la que viven los privados de libertad. En uno de los pabellones, 195 personas conviven en un espacio reducido, donde se observó que dos reclusos comparten camas de plaza y media, mientras que muchos duermen en el suelo sobre colchonetas improvisadas, debajo de las literas o incluso sentados en las gradas.
“Lo que hemos presenciado es una flagrante vulneración de la dignidad y los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de vida para las personas bajo su custodia. Este nivel de hacinamiento no solo es inaceptable, sino que representa un grave riesgo para la salud y la seguridad de todos en el penal”, expresó la diputada Yañíquez.
La inspección reveló que esta crítica situación se repite en diferentes áreas, afectando también a poblaciones vulnerables, como las personas de la tercera edad, quienes se encuentran en condiciones igualmente hacinadas. La Comisión de Derechos Humanos elaborará un informe detallado dirigido al Ministerio de Gobierno para exigir acciones inmediatas que den una solución a esta crisis humanitaria en el penal de San Pedro de Oruro
