El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcelo Solís, junto con la legisladora Ofelia Zurita y una delegación de la Defensoría del Pueblo inspeccionaron el Centro Penitenciario San Sebastián de Cochabamba, y luego anunciaron la realización de varias acciones legislativas urgentes para enfrentar el crítico hacinamiento en el lugar y mejorar las condiciones de vida de las y los privados de libertad.

En el recinto para varones, la comitiva verificó que 1.178 internos ocupan un espacio diseñado para 300 personas, que parte de la población duerme en pasillos y gradas y no recibe el prediario de Bs 8 para alimentación desde noviembre del año pasado. Además, entre 100 y 200 internos podrían acceder al decreto supremo sobre indulto presidencial.

En el penal de mujeres, se constató una situación similar, porque 335 internas viven en una infraestructura con capacidad para 80, varias duermen en el piso y 20 niños permanecen con sus madres privadas de libertad en condiciones precarias.

Ante este panorama, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos anunció el impulso al tratamiento del Proyecto de Ley N° 123/25-26, denominado “Jubileo humanitario y de medidas extraordinarias de conmutación, revisión penal y justicia restaurativa”, que contempla conmutaciones, reducciones de pena, amnistías y revisión de detenciones preventivas, excluyendo delitos como feminicidio, infanticidio, violación y crimen organizado.

Asimismo, la autoridad legislativa informó que fiscalizará el estado del proyecto de construcción de un nuevo centro penitenciario en la localidad de Parotani del municipio de Sipe Sipe, como parte de una estrategia integral para reducir el hacinamiento carcelario, entre otras gestiones para mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria.