La Paz.- La diputada Andrea Ballivián (Unidad) repuso el Proyecto de Ley Nº 010/2023–2024 C.S., como una propuesta legislativa orientada a fortalecer la protección contra los delitos sexuales, eliminar vacíos legales que han favorecido la impunidad y adecuar la normativa boliviana a estándares internacionales sobre derechos humanos.
Según la autoridad, la iniciativa se encuentra en tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y se trabaja junto a la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos; y la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, para optimizar el avance del trabajo.
“Esta ley está respondiendo a una sentencia que tenemos como Estado nacional que se estableció el año 2022 ante el caso de Brisa (De Angulo). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una sentencia ante el Estado Nacional, donde lo responsabiliza por el mal manejo en el juzgamiento y la investigación de los casos de delito de violencia sexual a los adolescentes”, explicó Ballivián, al momento de recordar que se tiene como plazo final el 17 de febrero para cumplir la resolución judicial.
Además, aseguró que el proyecto de ley establece con claridad que una violación se produce cuando se tiene una relación sexual sin consentimiento libre, voluntario y expreso. Asimismo, mencionó que en esa propuesta legislativa se propone incluir el concepto del consentimiento en el centro del sistema penal boliviano.
La legisladora agregó que también plantea la eliminación del delito de estupro, figura que históricamente relativizó la violencia sexual contra adolescentes, e incorpora el nuevo tipo penal de violación incestuosa con penas de hasta 30 años de privación de libertad.
Finalmente, mencionó que el proyecto de ley declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, para evitar que el paso del tiempo beneficie a los agresores; así como los atenuantes basadas en celos, honor, estado emocional o la reputación de la víctima, criterios que durante años han contribuido a justificar o minimizar una violación.
