Prensa Diputados, 02 de Jun del 2021.- La presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, la diputada Magaly Gómez, informó detalles de los  decretos supremos de los que se valió el régimen de facto de Jeanine Añez para concretar la millonaria e irregular adquisición de gases lacrimógenos en pleno brote de la pandemia.
En conferencia de prensa, la legisladora rememoró que Añez elevó tres decretos supremos que buscaban viabilizar la adquisición de los gases lacrimógenos.
“En mi condición de presidenta de la Comisión, hice una serie de indagaciones, para informar que hay tres decretos que se emitieron en tres diferentes fechas. El Decreto 4090 del 3 de diciembre del 2019; el Decreto 4116 del 12 de diciembre del 2019 que abroga el primero y el Decreto Supremo 4168 del 28 de febrero de 2020 que validó las acciones irregulares”, detalló Gómez.
Explicó que mediante el último decreto, el Ministerio de Gobierno solicitó, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), que el Ministerio de Economía y el Banco Central, transfieran 40.068.000 de bolivianos para concretar finalmente la compra.
En ese sentido, señaló que las investigaciónes deben ser ampliadas a las ex autoridades que firmaron los decretos, cómo Jeanine Añez( expresidenta),  Fernando López (exministro de Defensa), Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Iván Arias (ex ministro de Obras Públicas), Yerko Nuñez (ex ministro de la Presidencia), José Luis Parada (exministro de Economía), Karen Longaric (excanciller), entre otros.
En ese contexto indicó que, el pasado 12 de mayo envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre la actuación de Murillo en la adquisición de gases lacrimógenos. “La responsabilidad tiene que caer en las personas que hicieron un grave daño al Estado”, enfatizó.
En el marco de las investigaciones, Gómez también informó respecto a la desaparición de las carpetas en el Ministerio de Defensa, mismas que contenían información sobre los hechos de Huayllani (La Paz) y Senkata (El Alto)
“Se nos informa sobre la presunta desaparición de archivos de los violentos hechos ocurridos en Huayllani y Senkata, es decir haciendo una indagación in situ en las oficinas (del Ministerio de Defensa) en las que se hizo las ordenes de operación, no existen dichos archivos y carpetas”, agregó la legisladora.