La Paz.- La diputada Andrea Ballivián (Unidad) hizo una Petición de Informe Escrito (PIE) a la Contraloría General del Estado sobre las remisiones periódicas de información de la Dirección General de Migración, desde el 4 de noviembre de 2025, respecto a la cantidad de exservidores públicos que no pueden salir del país.

En ese marco, la Contraloría entregó a la legisladora un listado que supera las 800 personas, entre exautoridades y exfuncionarios, que habrían sido reportados para control migratorio. Además, la documentación remitida confirma que esta entidad comunicó formalmente a Migración el cese de funciones de estas personas, señalando que todas deben permanecer en territorio nacional durante tres meses, en cumplimiento de la Ley Nº 1352, que exige esta obligación para permitir auditorías y controles posteriores al ejercicio del cargo.

La diputada afirmó que Bolivia merece instituciones que trabajen con transparencia, legalidad, eficacia, eficiencia y respeto pleno a los derechos fundamentales, enfatizando que la fiscalización “no es una opción, sino un deber constitucional”.

Agregó que no permitirá que exautoridades o exfuncionarios evadan su obligación de rendir cuentas por sus actos u omisiones en la función pública, reafirmando que su compromiso es con el pueblo boliviano.

Finalmente, aseguró que mantendrá a la población informada sobre cada respuesta y cada avance relacionado con este caso, reiterando su compromiso con la transparencia en el servicio público.