La Paz.– Los diputados Edgar Zegarra Bernal y Emilio Barrera Ramos rechazaron este jueves la designación de funcionarios públicos foráneos al departamento de Potosí en cargos directivos en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), porque la región cuenta con profesionales capaces que pueden manejar las instituciones. Calificaron estas cuestionadas posesiones como “un manoseo a la dignidad potosina”.
En conferencia de prensa, Zegarra lanzó una pregunta al presidente Rodrigo Paz: “¿Le gustaría que manden profesionales a Tarija a conducir sus instituciones? Creo que no. Entonces también respétennos a los potosinos”. El legislador recordó que Potosí es “la billetera económica de este país” y que la minería es su base productiva, por lo que demandó autoridades con “conocimiento real” de la actividad minera local.
“Nunca más vamos a permitir que se vea a Potosí como segundo patio. Nosotros estamos cansados del pisoteo a la dignidad potosina”, insistió Zegarra, al señalar que el departamento de Potosí “eroga más recursos económicos al Estado boliviano y como tal va a ser respetado, no utilizado”. Advirtió que los potosinos no permitirán ser tratados como “ciudadanos de tercera” y exigió que sean “constructores de nuestro propio destino”.
La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (Fencomin Sur) tomó este jueves por la fuerza las oficinas de la AJAM en el municipio de Tupiza, en rechazo a la designación de funcionarios públicos foráneos para cargos directivos. Los manifestantes exigen al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira que se posesione a profesionales potosinos en puestos jerárquicos de la institución minera.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, Emilio Barrera Ramos, respaldó la protesta y trasladó la responsabilidad de posibles conflictos al Gobierno: “Nuestra gente ya nos ha rebasado, no podemos controlar (…) que se atenga a las consecuencias nuestro hermano presidente, si hay cualquier problema (…) no es nuestra responsabilidad”.
El conflicto expone la tensión entre las políticas de designación del Gobierno central y las demandas de autonomía regional, especialmente en un departamento clave por su aporte mineral. La AJAM se convierte así en un símbolo de esta pugna, donde la capacidad local choca con lo que los protestantes consideran imposición centralista.
La toma de las oficinas de la AJAM en Tupiza marca un nuevo episodio de confrontación entre el Estado y las regiones con fuerte identidad productiva. La demanda de los mineros y diputados potosinos podría escalar si el Gobierno central mantiene los nombramientos cuestionados, avivando un debate sobre descentralización y autogobierno en las regiones históricamente productivas de Bolivia.
