La Paz. – Por más de dos tercios de voto, la Cámara de Diputados aprobó este jueves, durante la 77ª sesión ordinaria, el proyecto de ley que modifica la Ley 026 del Régimen Electoral, para establecer el debate electoral público y obligatorio en las elecciones nacionales y subnacionales.
“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley N° 112/2024-2025, en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, afirmó el presidente de Diputados, Omar Yujra Santos.
La norma, que consta de tres artículos y una disposición transitoria única, busca fortalecer el ejercicio democrático, garantizar el voto informado y el derecho de la población a conocer los programas de gobierno de los postulantes a cargos públicos.
De acuerdo con el texto aprobado, el debate será obligatorio para los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, “de manera presencial”, y deberá realizarse hasta los 15 días previos a la fecha de elección.
Asimismo, se establece que los candidatos que incumplan con la obligación incurrirán en una falta electoral, cuya sanción será una multa pecuniaria impuesta por un juez electoral; esta sanción equivaldrá al costo económico pagado por la transmisión total del debate electoral.
El texto agrega que “el candidato o candidata que incumpla con la obligación de participar en los debates electorales, será sancionado con el retiro inmediato de la pauta publicitaria (cuñas, spots y otros) en medios de comunicación y difusión masivos”.
El procedimiento será aplicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme al reglamento que la entidad electoral emitirá en un plazo de hasta 60 días calendario, a partir de la publicación de la ley.
En elecciones nacionales, para candidatos y candidatas a diputados uninominales, y en las elecciones subnacionales, el proyecto también contempla el debate electoral público y obligatorio para los candidatos y candidatas a gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes, cuyos mecanismos y procedimientos serán reglamentados por el TSE.
La propuesta normativa también garantiza la transmisión en vivo del debate, a través de los medios de comunicación estatales, cuyas señales radiales y televisivas serán puestas a disposición de los medios privados para su retransmisión gratuita.
