Prensa Diputados, 9 de Jun del 2022.- Ante el reprochable caso de violación múltiple a un niño en Yapacaní, el diputado Anyelo Céspedes (MAS-IPSP) presentó esta tarde un proyecto de ley que plantea modificar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 118, para posibilitar la sumatoria de penas en los casos específicos de infanticidio, violación y feminicidio.
“Como padre de familia, me siento indignado por lo sucedido con el niño en Yapacaní. Algunas instituciones no están dando las respuestas necesarias ya que deberían prevenir estos actos de violencia. (…). Como diputado nacional, como padre, me veo en la obligación de presentar un proyecto de ley para la modificación parcial de la Constitución, únicamente para el artículo 118 parágrafo II”, evaluó el legislador cruceño.
El pedido del asambleísta surge en medio de la consternación y repudio social que desató el caso del niño de 11 años en Yapacaní, quien fue víctima de vejación sexual en reiteradas ocasiones por parte de cuatro hermanos. Llevándolo inclusive hasta terapia intensiva.
“Es necesario (este proyecto de ley), para evitar que nuevamente estos vándalos, estos violadores, estos asesinos, estos infanticidas, sigan cometiendo delitos. Modifiquemos la Constitución para que, en base a eso, empecemos a implementar la ley de sumatoria de penas”, declaró Céspedes.
El artículo 118, parágrafo II de la Constitución Política del Estado establece que la pena máxima en el país es de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto. De acuerdo a Céspedes, con la adecuación de la Carta Magna, los responsables de este hecho particular podrían haber recibido una condena mayor a 70 años de prisión.
“El tipo que violó recibirá 25 años (de pena), si hubiera ampliación de la pena, por contagio de VIH deberían ser 15 años más; por secuestro, por la portación de armas, porque ellos ultrajaron, amenazaban al niño para seguir violándolo con arma de fuego, eso tenía una pena de 10 años. Si sacamos cuentas, ese tipo con la sumatoria de penas debería estar más de 70 años preso en la cárcel”, explicó el parlamentario.
Indignados, la población de Yapacaní no solo dio castigo físico a uno de los responsables, también determinó expulsar a sus familiares de la comunidad. De los cuatro implicados, el mayor de 28 años falleció el año pasado producto de VIH Sida; el segundo, de 23 años, fue trasladado a Chonchocoro en las últimas horas; los otros dos son menores de edad, el hermano de 17 años se encuentra con detención preventiva por 45 días y el menor de 15 años habría salido del país.
