La Paz.- Los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales conformaron su Comisión de Ética, además que expresaron su preocupación por las deportaciones masivas en EEUU y los cercos fronterizos en Argentina, haciendo un llamado a la integración y al respeto de los derechos de los migrantes a la libre locomoción.
Estas fueron las principales decisiones asumidas durante su Tercera Sesión Ordinaria, dirigida por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, quien estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos.
En ese marco, el coordinador de los Representantes Supraestatales, Faustino Ollisco (MAS-IPSP), precisó que la Comisión de Ética está integrada por los parlamentarios Gonzalo Mendoza (Cochabamba), Sara Condori (La Paz) y Aleiza Rodríguez (Beni), quienes asumirán la responsabilidad de supervisar la ética y la transparencia en esa entidad supraestatal.
“Esta conformación ha sido ratificada mediante una resolución y son tres compañeros quienes integrarán esta Comisión”, explicó Ollisco.
En la Sesión Permante, también se trató un proyecto de declaración sobre los derechos de los migrantes, en el que se enunció la preocupación por las deportaciones masivas y la vulneración de derechos de los latinoamericanos, entre ellos bolivianos, en EEUU.
“Todos tenemos derecho a la libre locomoción, pero con estas políticas migratorias se evidencia una mala conciencia y, por eso, estamos trabajando en esta declaración. En la próxima sesión volveremos a tratar este tema”, agregó.
Asimismo, se evaluó la situación de las fronteras, sobre todo con Argentina, cuyo gobierno implementó medidas restrictivas, como la construcción de cercos en su frontera.
Al respecto, los supraestatales manifestaron su desacuerdo con estas políticas de “enmallado fronterizo”, sugiriendo que, en lugar de crear barreras físicas, los países deberían fomentar puentes de integración, que faciliten la cooperación en áreas como el comercio, la cultura y el transporte.
Además, anunciaron que se convocará a autoridades de la Cancillería de Bolivia para que informen sobre las acciones que realizan en relación a la política exterior y al resguardo de los derechos de los bolivianos en el extranjero, ante las deportaciones en los diferentes países.