Prensa Diputados, 06 de May de 2022.- El director de la Unidad de Transparencia de la Cámara Baja, Juan Carlos Pascual, desvirtuó esta tarde acusaciones de la diputada de Creemos María René Álvarez, sobre un supuesto allanamiento de su oficina en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“En la declaración que hizo la diputada, indicó que, con miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, habríamos hecho un allanamiento (a su oficina), cosa que estamos negándolo, porque hemos hecho la acción directa con los carabineros de la Policía en contra de un servidor, a denuncia del delito de instrumento falsificado”, arguyó Pascual en conferencia de prensa.
La argumentación del director de Transparencia, surge luego de la denuncia pública realizada por Álvarez esta mañana, sobre un presunto allanamiento “irregular” por parte de la FELCC a la oficina del Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Forestales, que dirige la parlamentaria.
En contrapartida, Pascual detalló que ayer jueves por la tarde, en compañía de efectivos policiales que prestan seguridad en el nuevo edificio del Legislativo, se constituyeron en la oficina de la diputada de oposición, para interponer una acción directa en contra del servidor público Carlos I. B., tras corroborar que presentó un certificado de egreso universitario falsificado, para habilitarse como Consejero I del Comité.
Dicho funcionario que se encontraba en ese momento en los predios del Comité, fue conducido a dependencias de la FELCC en la ciudad de La Paz. Una vez ahí, el director de Transparencia de la Cámara de Diputados, formalizó la denuncia penal en su contra, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado.
De acuerdo a la declaración presentada por Pascual, la Universidad Loyola certificó que el servidor público denunciado, habría cursado solo hasta tercer año de la carrera de Ingeniería Mecánica y que el título de egreso presentado ante la Cámara Baja, corresponde a otra persona.
Asimismo, aclaró que, en el marco de la lucha contra la corrupción, la Unidad que dirige constata de manera permanente la legalidad de los documentos presentados por los servidores públicos para acceder a algún cargo.
“La revisión que realiza la Unidad de Transparencia a los documentos de los funcionarios públicos de este ente camaral, no lo hacemos simplemente a una o dos personas. El año pasado, 2021, hicimos dos operativos de revisión de los certificados de todas las universidades privadas y estatales, llegando a verificar 221 documentos, de los cuales, se ha procedido a realizar tres acciones directas por certificados fraguados, hicimos otro también a raíz de una denuncia que recibimos. El 2022, verificamos 90 títulos de todos los funcionarios con cargos jerárquicos”, precisó.
