Prensa Diputados, 16 de Dic del 2022. Luego de aprobar el proyecto de Ley del presupuesto General del Estado 2023, en sus estaciones en grande y detalle, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado Suárez, agradeció el arduo trabajo que realizaron legisladores por el apoyo de las organizaciones sociales para viabilizar la aprobación de la normativa que, garantiza la estabilidad económica, profundiza el proceso de industrialización para la sustitución de importaciones, fortalece y consolida las políticas públicas.
“Quiero agradecer a todos y cada uno de los diputados que realizaron un trabajo intenso. Fueron horas y horas de diálogo, y de trabajo, para aprobar (el PGE 2023). También a nuestros movimientos sociales, los sectores sociales que en todos los confines del país se manifestaron a favor de la aprobación y nos dieron su fuerza y energía para seguir en esta tarea. Hemos cumplido con Bolivia”, afirmó el presidente de la Cámara Baja.
La sesión 18° se reinstaló ayer a las 10:30 de la mañana. Tras siete horas de arduo debate se dio luz verde al PGE 2023. La sesión había entrado en cuarto intermedio la madrugada del jueves luego de haber debatido y tratado durante 20 horas el proyecto de ley.
En su estación en grande, la norma fue aprobada por mayoría absoluta con la comprobación de voto de 68 diputados. El artículo 110 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que la comprobación por signo se realizará levantando la mano o poniéndose de pie, de modo que la Secretaria o Secretario pueda contar los votos en voz alta.
“Hemos aprobado el presupuesto general del Estado en estricto apego a lo que establece la Constitución Política del Estado, en estricto apego a lo que establece nuestro reglamento de debates en estricto apego a lo que dice el artículo 110 del mismo, y esa norma ya ha sido remitida a la Cámara de Senadores”, añadió Mercado.
El presupuesto consolidado alcanza a Bs 243.950 millones, lo que representa un incremento del 3,8% en comparación del 2022. Estos recursos se distribuirán entre las entidades del sector público, así como entre las gobernaciones y alcaldías. La normativa fue remitida a la Cámara de Senadores para su consideración.
