Prensa Diputados, 14 de Mar 2022.- La diputada Bertha Acarapi (MAS) junto a representantes de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) demandaron este lunes celeridad en el proceso del asesinato de la exconcejala Juana Quispe, ocurrido hace 10 años. La parlamentaria adelantó la fiscalización del caso, para esclarecer las causas de la retardación de justicia.
“Hay una retardación de justicia (en este caso), lastimosamente no se conoce quiénes fueron los responsables del acoso y violencia que ha sufrido la hermana Juana Quispe. Hoy se está recordando 10 años de su fallecimiento (..) vamos a solicitar información para conocer dónde y en qué etapa está éste proceso”, expresó la legisladora.
El cuerpo de la exconcejala Juana Quispe del municipio de Ancoraimes fue hallado el 13 de marzo del 2012 en inmediaciones del río Orkojahuira de La Paz, con claros signos de violencia. Las investigaciones develaron que fue asesinada un día antes. Hasta el momento, el hecho catalogado como emblemático por las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, continúa en la impunidad.
Familiares de Quispe no cesan su peregrinación en búsqueda de justicia. Hoy se concentraron junto a Acarapi y la ACOBOL en inmediaciones de la plaza Murillo para denunciar retardación en las investigaciones y a su vez, exigir una sentencia condenatoria y ejemplificadora contra los autores del asesinato que conmovió al pueblo boliviano.
Casio Villanueva, tío de la exconcejala, reclamó que el Ministerio Público hasta el momento no haya detenido a ninguno de los autores del crimen, dejando el caso en la impunidad. “Denunciamos al Ministerio Público, son 10 años que no encontramos justicia, ni siquiera hay un detenido tras las rejas, (…) totalmente impunidad”, manifestó.
La diputada del MAS reprochó esta situación y anunció seguimiento al proceso investigativo a través de solicitudes de informe que enviará a las instancias judiciales. “Los administradores de justicia nos tienen que decir qué está pasando en este proceso, en qué etapa está, por qué se tardó 10 años, que está pasando con la investigación”, apuntó.
Por último, argumentó que la inoperancia de los administradores de justicia específicamente en este caso, es un antecedente que frena las denuncias de autoridades mujeres que son víctimas de alguna forma de acoso o violencia en el ejercicio de su cargo político.
