Prensa Diputados, 13 de Jun del 2022. – La diputada Estefanía Morales (MAS-IPSP) pidió la destitución inmediata del médico forense que descartó la existencia de signos de violación en el niño fallecido de Yapacaní, víctima de violación múltiple. También solicitó la suspensión del fiscal de materia de ese municipio cruceño, a raíz de presuntas denuncias de familiares que reclaman mayor atención a los casos de violencia contra menores de edad.
“Encomendamos al Fiscal General la destitución inmediata del médico forense por presentar dos informes que no tienen ninguna valoración objetiva. Estamos solicitando también la destitución del fiscal de materia porque hemos visto que varias madres víctimas de casos de violación en el municipio de Yapacaní, no están siendo atendidas con prioridad. no se está otorgando la orientación necesaria como establece el Código (Niño, Niña, Adolescente)”, afirmó Morales.
Luego del lamentable deceso del niño de 11 años que contrajo una enfermedad viral como consecuencia de la violación múltiple por cuatro sujetos en Yapacaní, familiares reclamaron la destitución del médico forense, Luis Moreno, a quien además calificaron como “incapaz” por emitir un primer informe en el que niega la existencia de signos de abuso sexual en el cuerpo del menor.
La preocupación de la legisladora cruceña coincide con el informe de la Defensoría del Pueblo en el que identifica una serie de omisiones por parte de la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacani, y el personal de salud que atendió al menor desde mediados del 2021, cuando acudió a distintos centros médicos.
De acuerdo a la investigación de oficio que inició la institucional defensorial, sobre las acciones judiciales y de protección que se activaron en este caso, se conoce que no se aplicó el protocolo para establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel referidos a la atención de víctimas de violencia sexual, que incluye el diagnóstico oportuno del vejamen, así como pruebas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-SIDA.
“¿Este niño ha recibido o no terapia psicológica? ¿Cuál fue el protocolo de (atención a) víctimas de violación (que se aplicó)? Hay funcionarios públicos de la Defensoría de la Niñez que no están especializados, reciben las denuncias y no hacen el seguimiento oportuno”, observó Morales.
El proceso penal iniciado en la Fiscalía, a raíz de la denuncia que presentó el hermano de la víctima a mediados de octubre del 2021, se estancó “por la inacción de las instancias competentes; en el caso del IDIF, no se habrían realizado los informes de trabajo social y psicología forense requeridos por el fiscal”, señala el informe de la Defensoría.
Ante esta falta de atención eficiente y adecuada por parte de los servidores públicos responsables de la protección de los derechos de la niñez, la diputada enfatizó la urgencia de que las entidades municipales garanticen los equipos multidisciplinarios conformados mínimamente por un psicólogo, un abogado y un trabajador social, en las Defensoría de la Niñez y Adolescencia de todo el país.
Por último, convocó a la ciudadanía a presentar sus denuncias de violencia contra menores de edad, o retardación de justicia en los procesos, en las oficinas de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz o en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la sede de Gobierno.
