Prensa Diputados, 20 de jul del 2022. – El diputado Anyelo Céspedes (MAS-IPSP) denunció amedrentamiento, amenazas y extorsión por parte de particulares, tras fiscalizar casos como el volteo de 800 kilogramos de cocaína en Beni, los denominados “narcoaudios” e irregularidades en la implementación del Sistema de Transporte Integrado (BRT) en Santa Cruz. Pidió a la Fiscalía investigar este hecho y a la Policía, garantizar la seguridad de su familia.
El legislador respaldó su denuncia pública con un video del 11 de julio donde se observa un vehículo de color negro con cuatro personas a bordo quienes se detiene fuera de su domicilio. Uno de ellos desciende del vehículo y toma fotografías a su domicilio. Céspedes reveló que ya identificó al sujeto, pero no revelará su identidad para no entorpecer la investigación.
“Hemos hecho la denuncia ante la Fiscalía Departamental para que de una vez por todas lleguemos a saber quiénes son esos tipos que están en ese vehículo, porque, si no son extranjeros, deben ser algunos policías”, presumió. “Ya tenemos identificado al señor, por consejo de mis abogados no voy a decir los nombres, pero ya van a ser citados y tienen que ser aprehendidos de acuerdo al Código Penal y la Constitución Política del Estado”, manifestó.
El diputado Céspedes, atribuyó estas represalias a los actos de control que viene realizando a diferentes casos desde el 2021, en el marco de sus atribuciones como asambleísta nacional. Además, explicó que puso al tanto de su caso al Ministerio de Gobierno e interpuso una demanda formal ante el Ministerio Público de Santa Cruz adjuntando las pruebas correspondientes.
En mayo del año anterior, el oficialista presentó una denuncia penal en contra de la exalcaldesa cruceña, Angélica Sosa, por presuntas irregularidades en el proyecto del BRT.
El 4 de mayo de este año envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para esclarecer el supuesto volteo de más de 800 kilogramos de droga por parte de uniformados policiales en el municipio de San Borja, Beni. El 30 de junio envió otra petición de informe a la Fiscalía General para que explique el presunto vínculo de policías con el narcotraficante Misael Nallar.
“Decirles también que no van a detenerme, ni amedrentarme en el trabajo que estoy realizando, así que voy a seguir. (…) Seguiré trabajando por ustedes, en pro de sus beneficios, en el marco de la justicia y la transparencia (…). Mi compromiso con mi país no se limita al cargo de diputado nacional, va más allá, mi compromiso es como ciudadano, como boliviano, desde donde esté siempre voy defender los derechos vulnerados y a denunciar las injusticias”, remarcó el parlamentario cruceño.
