Prensa Diputados, 19 de Ago del 2022. – El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer jueves, por mayoría absoluta, el proyecto de Ley N° 319/2021-2022 referido a un contrato de préstamo de $US 400 millones para posibilitar la continuidad de programas y proyectos de inversión pública de las gobernaciones y alcaldías, así como para fortalecer y transparentar su gestión financiera.
El Estado boliviano suscribió el 15 de julio de 2022 el convenio de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la ejecución del “Programa de Apoyo a la Gestión Presupuestaria: Hacia la Acción Ambiental y Climática, y Transparencia de las Finanzas Públicas”. El plazo para la cancelación de la deuda es de 18 años, con una tasa de interés del 4,52% y un periodo de gracia de cinco años y medio.
El primer propósito del Programa en cuestión es contribuir a la gestión financiera de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s) (gobernaciones, municipios), brindándoles nuevas directrices de formulación presupuestaria y mecanismos de evaluación de su capacidad de endeudamiento.
Un segundo objetivo primordial es posibilitar la continuidad de programas y proyectos de inversión pública ejecutados por las ETA’s, con prioridad aquellos que fomentan el acceso a empleos, bienestar social, crecimiento económico, acción ambiental, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible.
La Ley 1389 de Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública y su Decreto Reglamentario 4575, establecen las condiciones para la autorización de créditos de fideicomiso a los gobiernos subnacionales.
Una tercera meta del Programa es financiar acciones que transparenten las finanzas públicas de las gobernaciones y alcaldías, para acrecentar la confianza de la población en la gestión presupuestaria de las entidades territoriales.
Aquí se toma en cuenta el salto cualitativo que ha dado en los últimos años la gestión de las finanzas públicas en América Latina y el Caribe, a partir de la modernización de las leyes regulatorias, la implementación de modelos de gestión más sofisticados y el uso cada vez mayor de las tecnologías de información y comunicación.
En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, la parte de exposición de motivos del proyecto de ley detalla que, el país genera los recursos necesarios para cubrir el capital y los intereses del crédito, debido a que, el 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó $us 40.703 millones en materia de ingresos.
“La racionalidad económica señala que, uno no se va a prestar plata sabiendo que nos va a ir mal. Porque hay certidumbre y estabilidad, la gente está pensando en hacer su casa y prestarse plata del banco para pagar en los próximos 20 años. En este año y medio que estamos en función de gobierno, estamos apoyando incansablemente (al crecimiento económico). Nuestra convicción es firme, vamos a seguir apoyando a la construcción del país, porque estamos saliendo adelante”, justificó el diputado Omar Yujra (MAS-IPSP), presidente de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, durante el debate en el hemiciclo.
