La Asamblea Legislativa inicia una semana sustancial para reencauzar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que el proceso fue anulado por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.
La Comisión Mixta sesionó el sábado para analizar los ajustes al reglamento e ingresó a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando se espera que se reanude el debate para hacer los ajustes al reglamento y a la convocatoria, además de analizar nuevos plazos. El diputado Juan José Jauregui (MAS-IPSP), miembro de la Comisión Mixta, afirmó que el objetivo es agilizar los ajustes del reglamento y la convocatoria para remitir el informe correspondiente a la presidencia de la Asamblea Legislativa, convocar a una sesión plenaria y considerar los elementos que fueron ajustados.
La anterior convocatoria para recibir la documentación de los postulantes fue anulada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, debido a un amparo constitucional interpuesto por el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz. Este objetó el numeral 16, del artículo 19 del reglamento, que establece como un “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública”.
El legislador Jauregui señaló que el 95% del anterior reglamento no va a tener mayor modificación, porque todos los contenidos están con respaldo constitucional. La fase de recepción de postulaciones será por una semana, que se prevé se establecerá en la nueva convocatoria.
En lugar de poner “parches” al anterior reglamento, la senadora opositora Silvia Salame (CC) afirmó que se debe aprobar una “ley reglamentaria” para garantizar la continuidad del proceso de preselección. Según la legisladora, a través de un reglamento no se pueden regular derechos, sino que tiene que ser mediante una ley bien fundamentada. Por ello, presentará un proyecto de ley para respaldar el proceso ante otros eventuales amparos.
Se espera que en las próximas horas la Asamblea Legislativa busque solucionar la situación generada por la anulación de la convocatoria para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, haciendo ajustes al reglamento y a la convocatoria, y estableciendo nuevos plazos en una nueva convocatoria que permita reanudar el proceso de preselección de manera transparente y garantizada.
