Prensa Diputados, 03 de Feb de 2022.- La comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Betty Yañiquez (MAS- IPSP), aprobó por unanimidad en su 8va sesión, la Petición de Informe Oral (PIO) al presidente del Consejo de la Magistratura Marvin Molina.
La autoridad nacional tendrá que presentarse ante la instancia legislativa el viernes 11 de febrero para contestar 13 preguntas sobre los juzgados contra la violencia que existen en el país, la situación de los jueces que prestan servicios en estos espacios, el estado actual del caso del exjuez Rafael Alcón, entre otros temas.
La iniciativa legislativa surge a raíz de la protesta de cientos de mujeres y familiares de víctimas de violencia y feminicidios que se movilizaron el lunes en distintos puntos del país. Juntas levantaron la voz en contra del maltrato machista y la corrupción en el Órgano Judicial que ocasiona la impunidad en los procesos y la peregrinación en búsqueda de justicia.
Estas movilizaciones se dan también entorno al caso del violador serial Richard Quispe y el exjuez Alcón que dictó su libertad el 2019, a pesar de contar con una sentencia por asesinato.
“Informe cuántos juzgados contra la violencia hacia las mujeres existen en todo el país, tomando en cuenta la recaudación por concepto de ´Certificados de no violencia hacia las mujeres y cualquier miembro de su familia´ y el compromiso del Consejo de la Magistratura de crear este tipo de juzgados con esos recursos”, es la primera pregunta de la Petición.
De igual forma, se consulta cuántos jueces y cuántas acefalias existen en los juzgados especializados. Cuántos de estos jueces fueron denunciados por irregularidades, prevaricato u otro delito y las medidas que asumió sobre ellos, el Consejo de la Magistratura.
En cuanto a los feminicidios, la comisión solicita la cantidad de sentencias que se dictaron los últimos cinco años y si los condenados cumplen sus sentencias.
“Informe si es evidente como lo denunciaron recientemente en las calles movimientos de mujeres, madres, hijas y esposas de que existiría una lista preliminar de al menos 120 feminicidas y agresores sexuales en libertad e impunes de sus delitos”, agrega la séptima pregunta del documento.
Los legisladores también solicitan cuántas auditorías realizó el Consejo de la Magistratura a los casos de feminicidio y violencia hacia las mujeres, durante los últimos 4 años.
