Desde este sábado, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recibirá la documentación de los candidatos a magistrados para las elecciones judiciales de este año. La nueva convocatoria busca reencaminar la etapa de preselección de candidatos, que quedó suspendida debido a un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni.
La convocatoria con modificaciones fue aprobada la noche del jueves en el pleno del Legislativo y se inició el viernes con la publicación de la norma en los portales de las Cámaras de Diputados, Senado y de la Vicepresidencia del Estado. La presentación de postulaciones se llevará a cabo del 22 de abril al 2 de mayo, de horas 08:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes, y de 08:00 a 12:00 los días sábado, domingo y feriados, en el hall del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Plaza Murillo, de la ciudad de La Paz.
La norma establece un plazo de 11 días calendario para la fase de recepción de postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. La Comisión Mixta redactará el acta de cierre del libro en presencia de Notaría de fe Pública, señalando la cantidad de postulantes registrados, una vez vencido el plazo y registradas todas las postulaciones.
El fallo del amparo constitucional presentado en la Sala Constitucional del Beni detuvo el proceso de preselección, por lo que la Asamblea modificó 10 artículos relacionados con el marco legal, acompañamiento y asesoramiento técnico, funciones y régimen de los equipos técnicos, no reelección, requisitos comunes, requisitos específicos, verificación de requisitos comunes y específicos, impugnación, evaluación y número de preseleccionados.
El día 3 de mayo se publicará la nómina de postulantes registrados en las páginas web y redes sociales de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia del Estado, y las Cámaras de Diputados y Senadores.
La modificación de los 10 artículos del marco legal relacionados con el proceso de preselección busca garantizar la transparencia y eficacia en la selección de los magistrados.
