Prensa Diputados, 28 de Jul de 2022.- Tras conocerse la sentencia 0704/2020 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que favorece a jueces destituidos, la diputada Estefanía Morales (MAS-IPSP) anunció que enviará una Petición de Informe Oral (PIO) al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, para esclarecer la cantidad de jueces que cuentan con sentencias ejecutoriadas o denuncias por retardación de justicia o consorcios.
“Para nosotros es muy importante que el Consejo de la Magistratura nos informe al Órgano Legislativo de los procesos que existen contra los jueces, porque nos parece muy sorprendente que exista una sentencia constitucional (…) para que jueces que han sido denunciados, han sido suspendidos en 2019, tengan que volver a su fuente laboral”, reclamó la legisladora.
A través de la sentencia 0704/2020, el TCP ordenó al Consejo de la Magistratura la restitución de una exjueza de Tupiza removida de su cargo el 2019. El presidente de los Magistrados, Marvin Molina, denunció que el fallo abre la posibilidad para que otros jueces destituidos por hechos irregulares inicien acciones para revertir esa medida, lo que empujaría al Tribunal Constitucional a seguir la misma línea jurisprudencial.
Molina citó como ejemplo el caso del exjuez que liberó al feminicida y violador en serie, Richard Choque.
La diputada del oficialismo, calificó de “absurda” la sentencia, tomando en cuenta que el Gobierno nacional promulgó hace poco la Ley 179, que endurece la pena de 10 a 20 años de privación de libertad, para jueces prevaricadores que beneficien a feminicidas, infanticidas o violadores de infantes, niñas, niños y adolescentes.
Asimilando también que, la Comisión revisora de casos de violación y feminicidio en los cuales los sentenciados fueron favorecidos, logró que 10 jueces fueran destituidos y que otros 15 procesados.
