Prensa Diputados, 19 Abr de 2022.- El diputado Renán Cabezas (MAS) presume que detrás de las recientes acusaciones entre Comunidad Ciudadana y Creemos, a causa del Gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, existen intereses económicos frustrados del bloque opositor.
“A la oposición, a la derecha, seguramente no le está yendo bien en los negocios, no están distribuyendo bien lo que siempre han hecho, robarle al Estado ¿Por qué digo esto? Por los hechos de corrupción en el Gobierno departamental y municipal de Santa Cruz (…). Hay una disputa interna y es económica”, aseguró el diputado Cabezas.
La agrupación Creemos liderada por Luis Fernando Camacho y la alianza de Comunidad Ciudadana, que tiene como máximo representante al expresidente Carlos Mesa, se criticaron mutuamente las últimas horas, tras el comunicado difundido por la primera bancada opositora, donde apunta a la diputada Luisa Nayar (CC), por supuesta presión a Camacho para que responda un Informe Oral ante la Comisión que preside.
Ante ello, Comunidad Ciudadana, en otro comunicado, respondió que la postura de Creemos “falta a la verdad” y “refleja un total desconocimiento de las normas y procedimientos” que rigen el trabajo en el Legislativo. Además, rechazaron sus “acusaciones temerarias y afirmaciones tendenciosas” en contra de la diputada Nayar.
El 7 de abril y luego el 18 del mismo mes, la Comisión de Diputados convocó a Camacho para que informe sobre el polémico decreto departamental 373, por el cual se presume vulneró el Estatuto Autonómico. Por este hecho, cinco diputados del oficialismo, en su rol de fiscalización, solicitaron la Petición de Informe Oral a la autoridad departamental; no obstante, no acudió a ninguno de los llamados.
Por estos desplantes a los asambleístas nacionales, el diputado Cabezas advirtió que el Gobernador tendrá que asumir las consecuencias.
“Se puede activar un proceso por incumplimiento de deberes, porque el deber de cada Máxima Autoridad Ejecutiva es rendir informes o cuentas respecto a la convocatoria de una comisión, el gobernador tendrá que atenerse a las consecuencias”, sentenció.