Prensa Diputados, 31 de May del 2022. – A tiempo de referirse a la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el diputado Renán Cabezas (MAS-IPSP) anticipó que desde la Asamblea Legislativa convocarán al gobernador de La Paz, Santos Quispe y a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, para que informen las acciones que ejecutaron de lucha contra la delincuencia en la urbe alteña.
“Vamos a interpelar al gobernador de La Paz, Santos Quispe. También vamos a convocar a una Petición de Informe Oral (PIO) a la alcaldesa de la ciudad de El Alto (Eva Copa) para que rindan cuentas al pueblo, a la ciudad de El Alto concretamente, del trabajo que estarían realizando respecto a la seguridad ciudadana”, advirtió esta tarde.
La delincuencia es un problema frecuente en la urbe alteña. La ciudadana percibe una desprotección por parte de las autoridades policiales y del Gobierno. Existen varias “zonas rojas” como la Ceja, la plaza Ballivián, Ex Tranca de Senkata, Ex Tranca de Río Seco, entre otras, donde la criminalidad campea, inclusive a plena luz del día.
Tomando en cuenta esta realidad, y en el marco de su atribución fiscalizadora, 31 diputados del partido oficialista solicitaron la interpelación al ministro Del Castillo, para que explique qué hizo para reducir la ola de inseguridad en la segunda ciudad más poblada de Bolivia, y cuáles fueron los resultados.
Cabezas recordó que la seguridad ciudadana es una tarea compartida entre los tres niveles de Estado (nacional, departamental y municipal). En ese entendido, anticipó que fiscalizarán también las medidas asumidas por la alcaldía alteña y por la Gobernación de La Paz, hasta el momento.
El artículo 38 de la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, refiere que, la elaboración y ejecución de políticas de seguridad ciudadana se sujetarán al siguiente financiamiento: las gobernaciones asignarán como mínimo el 10% de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos); mientras que, las alcaldías y las entidades territoriales indígenas, determinarán los recursos de acuerdo a su población.
“Vamos a exigir (seguridad) a los tres niveles de Gobierno. Nosotros como legisladores, como representantes del pueblo, tenemos la obligación de representar (sus necesidades). El pueblo exige vivir en seguridad, lamentablemente no todos los niveles de Gobierno cumplen con aquello”, apuntó.
