Prensa Diputados, 11 de May de 2022.- El presidente de la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, diputado Santos Mamani (MAS) remitió una minuta de comunicación al Ministerio de la Presidencia para que, en coordinación con la Policía, las alcaldías y gobernaciones, se vigile el cumplimiento de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, donde se establece que las entidades territoriales deben destinar el 10% del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) a las tareas de lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Se remitió una minuta de comunicación al Ministerio de la Presidencia para que, a través del Viceministerio de Autonomías, en coordinación con la Policía Boliviana y gobiernos autónomos departamentales y municipales a nivel nacional, se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en artículo 38, numeral I y II de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, a efectos de coadyuvar a un mejor servicio de la Policía en temas de seguridad ciudadana”, explicó el legislador la tarde de este miércoles.
La minuta surge a raíz del informe brindado ayer por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, ante la comisión que preside el diputado Mamani, donde reveló que “casi la totalidad” de los municipios y gobernaciones, no garantizan los recursos para combatir la delincuencia.
“Fíjense la inseguridad ciudadana en La Paz, El Alto, Cochabamba, no es efectivo este 10% del IDH. Mi persona se ha constituido en Pando, de la misma manera ni la gobernación, ni el municipio han cumplido”, reclamó.
También informó que envío Peticiones de Informe Escrito (PIE´s) a gobernadores y alcaldes de distintas regiones del país, para que detallen no solo los planes y estrategias de lucha contra la criminalidad que implementan, sino también la cantidad de presupuesto que destinan a estas acciones.
El artículo 38 de la Ley 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, refiere que, la elaboración y ejecución de políticas de seguridad ciudadana se sujetarán al siguiente financiamiento: las gobernaciones asignarán como mínimo el 10% de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del IDH; mientras que, las alcaldías y las entidades territoriales indígenas, determinarán los recursos de acuerdo a su población.
