Prensa Diputados, 10 de May de 2022.- La comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados recibió esta mañana un informe oral del comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera y de la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, sobre la lucha contra el tráfico de autos indocumentados en el país.
La Petición de Informe Oral de ambas autoridades surge luego de un reportaje difundido por un medio chileno, que involucró al teniente coronel Raúl Cabezas en la venta de autos presuntamente robados en el vecino país y comercializados en Bolivia.
Respecto a este hecho, el comandante Aguilera habló de una reforma a la Ley 101, del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, que tendría que estar necesariamente acompañada de un proyecto de ley de modificaciones al Código Penal, toda vez que, la conducción o tenencia de vehículos indocumentados o robados, no es una acción que amerite sanción disciplinaria, menos aún privación de libertad.
“La ley 101 fue emitida hace 10 años, ya el ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) ha ordenado la conformación de una comisión que no solo permita adecuar la normativa; sino también, como emergencia de ella, la posibilidad de sugerir al Órgano Legislativo, modificación en el área penal; y es que encontramos que, por lo menos, en lo que corresponde a la conducción de vehículos indocumentados o procedentes de robos en otros países, ésta es considerada una contravención”, manifestó.
Aclaró ante los parlamentarios de oficialismo y oposición que la acción cometida por Cabezas, es una falta personal del funcionario y que eso no significa que al interior de su institución, exista una “organización criminal” que favorezca a los comerciantes de vehículos ilegales.
“También se ha aclarado que, quienes aparecían ahí (en el reportaje del medio chileno) como funcionarios policiales, no lo eran. Me refiero a Freddy Hualla Cahuana y Arial García Lafuente, quien se brindaba como funcionario de DIPROVE, no son funcionarios de la Policía, tampoco responden a las Fuerzas Armadas”, enfatizó Aguilar.
Por último, demandó a las gobernaciones cumplir el artículo 38 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que claramente establece su responsabilidad de asignar como mínimo el 10% de recursos que reciben del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a la ejecución de planes y programas de seguridad ciudadana.
“El presupuesto del 10 por ciento de las gobernaciones y municipios que está por ley definido, a la Policía no llega”, reclamó.
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La máxima autoridad de la Aduana Nacional, Karina Serrudo explicó en su informe ante la comisión de Gobierno, las tareas de lucha contra el contrabando de vehículos indocumentados que ingresan por la frontera de Chile al territorio nacional.
Informó que la Aduana comisó 27 vehículos proveniente del país vecino: 2 en Cochabamba, 5 en La Paz, 1 en Guayaramerín, 1 en frontera Cobija, 2 en Patacamaya, 1 en Oruro, 1 en Villazón y 1 en Potosí.
El 2021, confiscaron 1.831 vehículos indocumentados, mientras que hasta la fecha en los 26 Puntos de Inspección Aduanero (PIA) comisaron 939 motorizados valorados en Bs. 130 millones.
