Prensa Diputados, 4 de Nov del 2022. El diputado Anyelo Céspedes (MAS-IPSP) anunció este viernes que impulsará un proyecto de ley de modificación del Código Penal, para incorporar el delito de “daño económico a la población”, con el fin de que, aquellos que inciten al “levantamiento de personas” y vulneren derechos colectivos relacionados con el patrimonio, salubridad pública y otros, sean sancionados con una privación de libertad de 10 a 15 años.
“Llegó el momento que alguien pague los platos rotos. Estamos viendo cómo los gremialistas, transportistas están a gritos buscando recursos para pagar sus deudas en los bancos. Día que no trabajan, día que no tienen para cancelar al banco. Es por ello que, en mi obligación como diputado nacional, estoy proponiendo una ley a la Cámara de Diputados de modificación y complementación de la Ley 1768 del Código Penal”, sostuvo el asambleísta cruceño.
La propuesta plantea la incorporación del artículo 133 Bis con cuatro parágrafos en el Código Penal en los que se establece sanciones y multas pecuniarias para aquellos que, “de manera directa o indirecta”, promuevan acciones en desmedro de la económica de la gente, o aquellos que inciten al “levantamiento de un grupo de personas”, ocasionando la restricción o afectación de los “derechos colectivos relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad, salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza, reconocidos por la Constitución Política”.
En este caso, los responsables deberán ser sancionados con una pena de hasta 15 años y una multa pecuniaria del 30% de la pérdida económica, refiere el parágrafo I del anteproyecto de ley.
“Si él o los culpables fueren autoridades o servidores públicos la multa pecuniaria será incrementada con el 60% por la pérdida económica total ocasionada por los actos referidos, como resarcimiento del daño económico ocasionado”, apunta el parágrafo II.
El monto de la multa económica se calculará con base a la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, acerca del daño ocasionado por los bloqueos o paros. La recaudación será administrada y distribuida a través de un fondo de apoyo a los afectados, instituyen los parágrafos III y IV.
La proyección de la normativa surge en medio de los 14 días del paro indefinido impulsado ´principalmente por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el comité cívico de Santa Cruz, en demanda del Censo 2023.
Según el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en 12 días de paro, la pérdida económica en cinco entidades estatales dependientes de esa cartera de Estado, ascendió a más Bs. 87 millones. De la misma forma, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que, por día de paro, el país pierde hasta $us 40 millones.
“Llegó el momento que los que han convocado el paro cívico de trece días, ahora también les afecte, porque con esta propuesta de ley, los que convoquen al paro indefinido, ellos tienen que pagar los platos rotos de sus bolsillos. Con esta ley se tiene que resarcir el daño para que haya una institución que recaude el dinero con el único fin que nuestros gremialistas, transportistas y la población puedan pagar sus créditos por los días no trabajados”, arguyó Céspedes.
